El adelanto del cierre de los presupuestos anuales de 2014 desde la Consejería de Hacienda y Administración a finales de octubre del año pasado ha dejado sin abonar cientos de subvenciones a proyectos ejecutados en 2014 por Organizaciones No Gubernamentales y pone en riesgo la labor social de numerosas entidades andaluzas.
El pasado 12 de noviembre de 2014 la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la modificación de diversas convocatorias de subvenciones correspondientes a 2014, afectando a un presupuesto total de 37.180.701,36 euros.
Entre las subvenciones afectadas se encuentran las destinadas a la prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) con un presupuesto de 378.107,77 euros.
La modificación de dicha convocatoria de subvenciones, todavía no resuelta cuatro meses después de su publicación, afecta a más de 60 entidades sociales de ámbito municipal y autonómico.
El pasado 15 de Diciembre de 2014 25 entidades sociales municipales y autonómicas andaluzas, con el apoyo de federaciones nacionales, mantuvieron una reunión con la Secretaría General de Calidad Innovación y Salud Pública. Desde la Secretaría se aseguró que la resolución de la convocatoria de subvenciones y el pago de las mismas tendrían lugar a principios de 2015, sin aclarar cómo los presupuestos de 2015 podrán soportar dicho sobrecargo. Asimismo declararon el compromiso político de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en materia de VIH/Sida para el año 2015, si bien no existe todavía compromiso oficial de créditos presupuestarios.
Actualmente las entidades sociales afectadas y cuyos programas fueron concedidos en 2014 de manera provisional han ejecutado los proyectos aprobados. Esto supone un adelanto económico de las entidades sociales a la administración pública andaluza, sin certeza del cobro de las cuantías invertidas. La inestabilidad económica de las entidades derivada de las decisiones políticas pone en grave peligro la continuidad de sus programas de prevención y atención y los puestos de trabajo del personal adscrito a dichas entidades.
Todo ello ocurre en un contexto en el que los fallos en la puesta en marcha del sistema de vigilancia epidemiológica de VIH en Andalucía demuestran que se necesita algo más que voluntarismo para ofrecer una respuesta más efectiva que haga disminuir las tasas de nuevas transmisiones de VIH en nuestra comunidad. Según las cifras epidemiológicas nacionales la tasa anual de nuevas infecciones por VIH no disminuye sino que se mantiene estable, y se estima que en Andalucía tienen lugar alrededor de 905 nuevos diagnósticos cada año sin contar aquellas nuevas transmisiones del virus que no son detectadas.
Se hace necesaria una política con un presupuesto real y acorde con las necesidades detectadas, que fomente el diagnóstico precoz de la infección por VIH y disminuya el alto gasto económico, social y moral de los diagnósticos tardíos. Los recortes en acciones de salud pública que benefician no solamente a las personas con VIH, sino a la población en general, muestran una visión cortoplacista de la salud pública y contradicen lo expresado por los responsables políticos actualmente en el gobierno andaluz.
La desatención a las capas más desfavorecidas de la sociedad como son los servicios residenciales de acogida para enfermos de sida, es una prueba más del impacto terrible que los recortes aplicados por la Junta de Andalucía han tenido en la atención a las poblaciones más vulnerables y necesitadas como son los enfermos de sida en situación de exclusión social.
La modificación de las diferentes líneas de subvenciones, además de las de prevención del VIH, también afecta a menores con trastornos en el desarrollo, actuaciones de ayuda mutua de asociaciones de pacientes de diversas patologías, mujeres en situación de riesgo de exclusión social, y programas del Instituto Andaluz de la Juventud entre otros. Esto sin duda supone una ruptura de los compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía en cuestión de políticas sociales y bienestar social de grupos clave.
