Tu violencia no nos callará: Stop Delitos de Odio
El verano de 2021 será recordado por el terrible asesinato del joven coruñés Samuel Luiz Muñiz.
En España, las agresiones físicas, verbales y psicológicas contra las personas intersex, trans, homosexuales (gais y lesbianas) y bisexuales nunca han dejado de producirse.
Pero aquella madrugada del 3 de julio en A Coruña, algo cambió para siempre en la vida de las personas LGTBI+ y sus familias. Un crimen brutal y absurdo nos hizo tomar conciencia que las violencias que sufrimos en las familias, en los centros educativos, en los centros de trabajo, en la calle, de parte de las empresas y de las administraciones, grandes o pequeñas, sangrientas o no, son parte de un entramado mental y social, el heteropatriarcado, que se empeña en esterilizar las disidencias para mantener una sociedad jerárquica, basada en el poder y la violencia física y mental.
Aquella semana, de forma espontánea, decenas de entidades LGTBI+ de todo el país convocamos concentraciones de repulsa.
Porque todas, todes y todos nos vimos reflejados en el rostro ensangrentado de Samuel. Porque, con heridas físicas o emocionales, todas las personas LGTBI+ hemos sido y somos víctimas de violencia por nuestra corporalidad, nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual o la intensidad de nuestro deseo. Incluida la más desoladora de las heridas: la que imprime en nuestro espíritu; la LGTBI+fobia interiorizada.
LA LGTBI+FOBIA provoca delitos contra los Derechos Humanos.
La LGTBI+fobia es una expresión específica de los delitos contra la integridad física, psíquica, emocional y social que está protegida por la Constitución Española. Pero, además, supone la vulneración de los derechos humanos inherente a toda la ciudadanía y un atentado a la dignidad de las personas LGTBI+.
La LGTBI+fobia se traduce en discursos de odios que intenta ocultar su perversidad bajo el amplio paraguas de la libertad de expresión. Esa misma libertad de expresión que la LGTBI+fobia intenta coartar al tratar de impedir que en los centros educativos se hable de la diversidad de los afectos, de las identidades y de las corporalidades.
Y esos discursos de odio son la antesala de los delitos de odio, que la OSCE definión en 2003 como “cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida, conexión, simpatía, filación, apoyo o pertenencia a un grupo” que esté “basado en una característica común de sus miembros, como su raza real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar”.
Unos delitos que no solo busca infligir un daño personal e individualizado, sino, sobre todo, busca servir de advertencia, escarmiento o amenaza para el conjunto de personas que comparten dicha característica.
Por eso, cualquier delito de odio infringido contra cualquier persona basada en su supuesta corporalidad no endosex, en su supuesta identidad sexual no cisexual, o en su supuesta orientación no heterosexual, es una agresión hacia todas las personas LGTBI+ y sus familias, ya que nos amenaza a todas, todes y todos.
Lamentablemente, en España las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los tribunales de justicia parecen resistirse a identificar estas agresiones como delitos de odio. Un caso paradigmático fue el caso de Samuel, donde la Policía Nacional tardó semanas en considerar el asesinato como delito de odio.
Una resistencia que violenta nuestros derechos y fomentan la vulneración de nuestra integridad física, emocional, psicológica y social.
Es por tanto esencia que desde los ministerios de Justicia e Interior, el Consejo General del Poder Judicial, las Universidades y los Colegios Oficiales de la Abogacía se realice pedagogía entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los operadores jurídicos para una correcta comprensión del delito de odio.
La Diversidad de la Orientación, la Identidad y la Corporalidad en el mundo.
Desde las primeras iniciativas alemanas de la segunda mitad del siglo XIX en favor de los hombres que mantenía relaciones sexuales y afectivas con hombres (que provocó, entre otras cuestiones, la creación del término homosexual para sustituir el de sodomita) hasta la actualidad los avances no han sido ni sostenidos ni homogéneos.
Ha habido periodos de avances en determinados territorios, sucedidos de periodos de retrocesos, a veces impulsados desde el campo clínico y otra veces desde el ámbito activista, que llega hasta hoy.
Según el Informe de la ILGA para 2021, “Hasta la fecha, alrededor de un tercio de los Estados miembros de la ONU siguen criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, a pesar de que los gobiernos a menudo descartan estas disposiciones como `regulaciones inactivas´”.
Sin embargo, demostró la organización “estas afirmaciones son en gran medida inexactas: el informe Nuestras identidades bajo arresto relevó cientos de casos en los que agentes estatales sometieron a personas LGBT y de género diverso a multas, detenciones arbitrarias, enjuiciamientos, castigos corporales, encarcelamientos y hasta (posiblemente) la pena de muerte” porque “En sociedades donde el comportamiento no normativo es leído como evidencia de no-heterosexualidad, la forma en que una persona luce, viste y habla puede tenerse como indicio de una probable ‘actividad criminal’. Una expresión de género diversa, en otras palabras, puede ser suficiente para justificar una detención, y el maltrato policial parece estar presente en casi todas las instancias documentadas de aplicación de la ley.”
Es decir, no solo se nos persigue legal y penalmente por la literalidad de las leyes, sino también por la interpretación que de nuestras vivencias hacen las autoridades militares, policiales y judiciales.
Actualmente hay 67 Estados Miembros de Naciones Unidas con disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, y otros dos Estados Miembros de Naciones Unidas tienen una criminalización de facto.
Entre los países que penalizan, tenemos la plena seguridad jurídica de que la pena de muerte es el castigo prescrito legalmente para los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo en seis Estados Miembros de Naciones Unidas, a saber: Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (sólo 12 Estados del Norte) y Yemen. También hay otros cinco Estados Miembros de Naciones Unidas en los que ciertas fuentes indican que podría potencialmente imponerse la pena de muerte por actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, pero en los que hay menos certeza jurídica al respecto. Estos países son: Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar, Somalia (incluida Somalilandia).”
Pero en aquellos donde hay avances significativos, también se producen situaciones ambiguas o contradictorias.
A esta situación se une la agenda neoconservadora de organizaciones cristianas, musulmanas y judías que están promoviendo con ingentes recursos económicos una involución de los derechos humanos allí donde hay una mayoría social conservadora, como en países de Centroamérica, Polonia, Hungría, Rusia o Irán.
Las organizaciones convocantes no podemos conformarnos con trabajar en nuestro ámbito local (autonómico en nuestro caso) confiados en que los avances conseguidos en nuestra Comunidad Autónoma o país, nos resguarda de esa ola ultraconservadora.
Al contrario, todos nuestros avances están en peligro si no somos capaces de que los derechos LGTBI++ sigan extendiéndose por todo el mundo.
Por todo ello, exigimos:
Fortalecer la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) como instrumento de las organizaciones LGTBI+.
Priorizar y/o condicionar las ayudas y donaciones internacionales de las administraciones públicas españolas (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamiento y Diputaciones) al respeto a los derechos de las personas LGTBI+.
Garantizar el acceso al estatus de refugiado a las personas LGTBI+ de los países donde se persiguen a estas personas, tanto legal como socialmente.
Formar en esta materia al personal que instruyen los expedientes de solicitud, así como quienes deciden sobre los mismos.
Poner en marcha acciones públicas por parte del Estado y de la Junta de Andalucía para el empoderamiento de las personas LGTBI+ migrantes.
Las personas LGTBI+ en Andalucía de 2022.
Desde junio de 2021, en España las vidas de las personas intersex, trans (binarias y no binarias), homosexuales (gais y lesbianas), bisexuales y asexuales, y sus familias, se han visto sometida a una mayor tensión social, por el aumento de discursos públicos que directa o indirectamente facilitan argumentos en contra de las políticas de igualdad, o directamente criminalizan a las personas LGTBI+ y sus familias.
Y Andalucía no podía escapar de estas dinámicas, especialmente con un gobierno autonómico que ha dependido de fuerzas radicales de ultraderecha para sacar adelante casi todas sus iniciativas legislativas.
Quien calla, otorga. Y el presidente de la Junta de Andalucía no se ha mostrado firme en contra de las bravuconerías y provocaciones promovidas desde entidades, medios y partidos radicales de ultraderecha.
Esto ha provocado un intolerable aumento de las discriminaciones y agresiones hacia personas LGTBI+ y sus familias, que está llenando de temor sus vidas cotidianas y provocando una tensión de reprimir su visibilidad ante el miedo a la agresión, la discriminación y la hostilidad.
Por eso exigimos al próximo gobierno de la Junta de Andalucía que sea beligerante contra la LGTBI+fobia.
El cumplimiento de las leyes autonómicas
El gobierno de la Junta de Andalucía salido de las urnas tras el 2 de diciembre de 2018, debió comprometerse en el desarrollo y aplicación de Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, así como la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+ y sus familiares en Andalucía.
Lamentablemente, estos cuatro años no han supuesto el impulso de ninguna de las dos leyes, y las actuaciones desde la Consejería de Igualdad se han limitado a su ámbito competencial, incapaz de coordinar y fomentar las políticas transversales que se preveían en ambas leyes.
Caso flagrante lo encontramos en la Consejería de Educación, donde su dirección política mostró un desprecio absoluto a las peticiones de reuniones con el Consejero Sr. Imbroda, sino que además no se desarrolló en el campo educativo ni las acciones previstas en la Ley 8/2017 ni en la PNL sobre personas intersex, aprobadas en el Parlamento de Andalucía con los votos de PP y Ciudadanos.
Tampoco se ha actuado en el campo de la memoria histórica prevista en la Ley 8/2017, ni en el de la salud, ni en ninguna de las políticas transversales previstas.
Por ello las entidades convocantes exigimos al próximo gobierno de la Junta de Andalucía el impulso de las leyes 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+ y sus familiares en Andalucía, así como la Proposición No de Ley relativa a derecho de las personas intersexuales, aprobada en julio de 2019.
Mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex
Aún en pleno Siglo XXI es necesario reivindicar la visibilidad de las mujeres lesbianas y bisexuales, que tras siglos de invisibilización, siguen con estos derechos y libertades menguados a causa de la cultura patriarcal y machista heredada. De las mujeres trans, que no son mujeres atrapadas en cuerpos de hombre, sino mujeres atrapadas en una sociedad que niega su identidad de género. De las mujeres intersex, que como Caster Semenya, se les intenta arrebatar su cuerpo.
En la actualidad, las mujeres lesbianas y bisexuales, siguen permaneciendo invisibilizadas, y disponemos de pocos referentes en la producción cultural, gráfica, musical, literaria, política, periodística, televisiva o en cualquier otro medio de comunicación, cuyas consecuencias llevan a miles de mujeres a sentirse “diferentes”, “raras”, excluidas, habitantes de la frontera con la normalidad. Es imprescindible para la mirada de cientos de miles de mujeres que se relacionan con mujeres que estos referentes se visibilicen, que las ayuden a normalizar la existencia de la identidad lésbica, así como hacer visible la cotidianidad de nuestras relaciones.
Todas conocemos mujeres mayores lesbianas o bisexuales que han vivido su identidad desde el silencio, la vergüenza o el miedo en una sociedad profundamente lesbófoba. El impacto negativo sobre su persona y sus vidas ha sido durísimo: sufrimiento y soledad, imposibilidad de proyectar una vida en pareja de manera satisfactoria, enormemente presionadas por un entorno muy hostil a las relaciones entre mujeres.
Durante la dictadura franquista, las mujeres transexuales fueron perseguidas y encarceladas según dictaba la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación social, pero las mujeres lesbianas fueron completamente invisibilizadas, trasladadas y encerradas en centros psiquiátricos, fueron analizadas y tratadas como enfermas. Las pocas que se atrevieron a salir de los armarios fueron tratadas con dureza, discriminadas y humilladas públicamente. “Desviadas” fue el calificativo más suave.
En la actualidad, las mujeres lesbianas siguen siendo objeto de discriminación por parte de la administración para acceder a determinados servicios sociales, como residencias de la tercera edad, donde, en ocasiones han de volver a invisibilizarse por falta de apoyo institucional. Y aquellas que nunca pudieron visibilizarse, continúan a día de hoy sufriendo la soledad y el silencio. Esto les supone una enorme barrera que les dificulta las relaciones familiares o de amistad, tan necesarias en la última etapa de nuestras vidas.
Es, sobre todo en las zonas rurales, donde el impacto de la invisibilidad es más grande, por ello apelamos a todas las mujeres con proyección pública a que se visibilicen, con ello están dando la oportunidad a miles de mujeres de verse a sí mismas con la mirada de la cotidianidad, con la certeza de la igualdad, con la ilusión de sentirse dignas de su derecho a una vida plena: la posibilidad de empoderamiento en un mundo que aún aplasta sus identidades.
Reivindicando la Visibilidad podemos entre todas seguir avanzando en derechos, ya que lo que no se nombra no existe, sin visibilidad las instituciones seguirán ignorando sus reivindicaciones más básicas.
Las mujeres bisexuales reclaman una mayor visibilidad, como herramienta imprescindible para luchar contra la doble discriminación que sufrimos por ser mujeres y por ser bisexuales. Un ejemplo de esto es la discriminación que vivimos en el área de la salud ya que no se reconoce su orientación sexual y no existen protocolos ginecológicos específicos para ellas. La bifobia y el machismo siempre van de la mano por lo que reivindicamos romper con las diferencias de género para terminar con su invisibilidad en tantos ámbitos de sus vidas.
En las mujeres lesbianas es la discriminación en los derechos sexuales y reproductivos.
Existe aún una falta de protocolos específicos en ginecología para la atención sanitaria de las mujeres que tienen sexo con mujeres, ya sean cis o trans. Falta de información y campañas de prevención o políticas de salud sexual, sobre todo en cuanto a las infecciones de transmisión sexual (ITS) en mujeres que mantienen relaciones sexuales con otras mujeres. Existe, así mismo, desconocimiento sobre la realidad trans en los centros sanitarios, lo que dificulta la realidad de las mujeres trans lesbianas.
Se da también la imposibilidad a las mujeres lesbianas de acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública. Este derecho se perdió en 2013 con el gobierno del PP y Ana Mato a la cabeza del Ministerio de Sanidad, que excluyó a las mujeres lesbianas y solas de la reproducción asistida en la Sanidad Pública, alegando que “la falta de varón no es un problema médico”. Aunque algunas comunidades autónomas como Andalucía, decidieron no aplicar esta medida discriminatoria, miles de mujeres han tenido que lidiar con las consecuencias: desembolsos de grandes cantidades de dinero en clínicas privadas, tratamientos interrumpidos, litigios en los tribunales y un largo etcétera.
El actual gobierno adquirió el compromiso de dar cobertura a las mujeres solas y con pareja mujer, pero a día de hoy esto no se ha materializado, llegando incluso a tirar por tierra todo el trabajo realizado para la aprobación de una Ley de Igualdad que quedó paralizada tras la convocatoria de las últimas elecciones, que en la actual legislatura hay que empezar desde cero.
Otras de las discriminaciones hacia las mujeres con pareja mujer, es que tienen necesariamente que estar casadas antes de que nazcan sus bebés para poder inscribirlos en el registro civil, a diferencia de las parejas heterosexuales. Además, deben hacerlo de forma presencial, y se debe acudir con el libro de familia. Las parejas de mujeres no casadas no pueden inscribir conjuntamente a su bebé, la no gestante debe iniciar un proceso de adopción de su propio hijo, algo que no ocurre en las parejas heterosexuales. En nuestra sociedad sigue primando un modelo de familia tradicional que deja fuera las necesidades de muchas mujeres que han optado por una vida familiar compuesta por dos mujeres, saliéndose así de los cánones establecidos.
Otro de los aspectos relacionados con la necesidad de la visibilidad, es la discriminación laboral. Las mujeres lesbianas, que ya sufren la discriminación por ser mujeres en nuestros entornos laborales, son castigadas además por su orientación sexual. Los techos de cristal se duplican, la brecha salarial es aún más sangrante.
El 11 de enero de 2019, se aprobó la Orden PCI/6/2019, de 11 de enero, por la que se prohíbe a las mujeres intersex realizar las pruebas de acceso al Ejército y la Guardia Civil. Una orden interfóbica, machista y clasista que supone un retroceso para los derechos de las mujeres intersex, tratándolas como mujeres enfermas. Las mujeres intersex no son mujeres enfermas; es la sociedad la que está enferma de interfobia y de machismo.
Es por ello que, más que nunca, tenemos la responsabilidad de hacernos visibles, de romper de una vez por todas con todos aquellos prejuicios que han provocado tanto dolor y tantas limitaciones, tantas barreras, tantos obstáculos para poder vivir vuestras vidas en libertad y con una posibilidad plena de desarrollo.
Necesitamos referentes, mujeres que se pronuncien, lesbianas, bisexuales, trans e intersex como nosotras, con nombre propio, con una historia. Tenemos que ser cotidianidad en las calles, personajes públicos, porque tenemos derecho a vivirnos en todos nuestros ámbitos sin tener que renunciar a nuestra identidad, porque nuestras vidas no van por fascículos en los que podamos separar lo que somos y lo que sentimos dependiendo del trabajo que tengamos, del partido político que gobierne o de la cara que ponga la persona que tengamos delante, para decidir si le damos o no un beso a nuestra pareja.
Familias LGTBI+.
En el 2005 entró en vigor la Ley del Matrimonio Igualitario, y pudiera parecer que las familias LGTBI+ tenían los mismos derechos y la misma protección que el resto de unidades familiares del país.
Sin embargo, las familias LGTBI+ y las entidades que las representan, han constatado que sus derechos legales no se han traducido en derechos reales, y que quienes más se pueden sentir afectados no son las madres y padres, que también, si no sus hijas e hijos.
Las familias LGTBI+ siguen sintiendo la LGTBI+fobia sorda que nos acompaña, sobre todo desde que sus hijas, hijos e hijes se incorporan a sus hogares. La realidad cotidiana de estas familias, indica que cuando se intentan reivindicar los mismos derechos y las mismas oportunidades que tiene el resto de la población comienzan los problemas.
A pesar que en Andalucía contamos desde diciembre del 2017 con una Ley que, por primera vez en el territorio nacional, define, contempla y protege a las familias LGTBI+, los derechos legales aún no se han traducido en derechos completos en la vida cotidiana.
Por ello denunciamos que las familias LGTBI++ son objeto de discriminación y LGTBI+fobia y exigimos:
Acceso universal a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública por parte de mujeres lesbianas, hombres gais y personas trans, actualmente vetado por el Gobierno de la nación. Las comunidades autónomas han ido abriendo esta posibilidad, pero no es global para todo el territorio nacional.
La modificación definitiva de la Ley de técnicas de reproducción asistida para que suprima la obligación de las parejas de mujeres para acceder a la filiación de sus hijas, hijos e hijes.
Las parejas de hecho integradas por dos mujeres tienen necesariamente que estar casadas para inscribir a sus hijas e hijos en el Registro Civil, cosa que no ocurre con las parejas de hecho heterosexuales, por lo que exigimos que se modifique la actual legislación y/o las instrucciones del Gobierno de la nación en relación a este tema para asegurar la igualdad afectiva también en esta materia.
Acabar con la invisibilidad de las familias LGTBI+ en el sistema educativo, por lo que exigimos a la Junta de Andalucía la inclusión de medidas para conseguir esta visibilidad en libros de texto y currículos.
Exigimos a las administraciones públicas que se adecúen los formularios oficiales a la realidad de la diversidad familiar.
Que deje de ponerse en duda la capacidad de los hombres gais, bisexuales o trans para afrontar la crianza de sus hijas, hijos e hijes; perjudicial para los hombres y también para las mujeres, ya que las sigue relegando el papel exclusivo del cuidado y la crianza en los hogares.
Superar la situación de desigualdad que afrontan las parejas de mujeres lesbianas, bisexuales o trans por el hecho de que como mujeres tienen sueldos inferiores a los hombres, por lo que exigimos el fin de la brecha salarial y la eliminación del techo de cristal.
Eliminar la violencia y el acoso escolar a las hijas, hijos e hijes de personas LGTBI+, por lo que pedimos el apoyo y el compromiso de la Comunidad Educativa para luchar contra esta lacra.
Terminar con la presión social para ser familias perfectas.
Eliminar la limitación a la libertad de movimientos en el espacio europeo, donde no son reconocida las realidades familiares diversas, por lo que exigimos al Gobierno de la nación para que defienda ante las instituciones europeas el pleno reconocimiento de las familias LGTBI+ en toda la Unión Europea.
Que se eliminen las diferencias de trato en los procesos de adopción y acogimiento para familias LGTBI+.
Que cesen los ataques que, por parte de grupos extremos y radicales, sufren las hijas, hijos e hijes de familias LGTBI+ por su origen.
Personas LGTBI+ gitanas.
Históricamente, la población gitana andaluza ha sufrido unos niveles intolerables de discriminación, que se agudizó durante la dictadura franquista, y que llega hasta hoy. Los prejuicios hacia las personas romaníes se extiende hacia las personas LGTBI+ gitanas, incluso en el seno del movimiento, que agravan sus vivencias e impiden el ejercicio de sus derechos a vivir su diversidad en la orientación, la identidad y la corporalidad.
Y es que la romafobia y el antigitanismo invisibiliza a las personas disidentes romanís, las sume en un ambiente de mayor intolerancia tanto en la sociedad mayoritaria como en el seno de las propias comunidades romaníes perpetuando la discriminación múltiple que sufren.
Por eso, manifestamos nuestro rechazo del antigitanismo y defendemos la necesidad de agendas políticas propias que garanticen el ejercicio de sus derechos como una parte esencial del movimiento LGTBI+ andaluz.
Es necesario, además, que desde las Administraciones Públicas se incluya la perspectiva de la diversidad de la orientación, la identidad y la corporalidad en las políticas en favor de la población romaní.
Salud Sexual.
En estos días de celebración y reivindicación, el colectivo LGTBI+ alzamos la voz para que se oiga, alto y claro, la necesidad de que se aborde la salud sexual de una manera integral y sin prejuicios. El acceso a nuevas estrategias de prevención frente al VIH, de demostrada eficacia, como es el caso de la profilaxis pre exposición, es prioritaria y no admite bajo ningún concepto más retrasos.
De igual forma acceder de forma ágil al diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, extender la vacunación frente a virus del papiloma y hepatitis a todas las poblaciones LGTBI+, realización de cribados rectales y vaginales con unidades especializadas en el sistema público de salud, incluir la educación sobre salud sexual del colectivo en todas las acciones educativas de nuestros jóvenes y asegurar que el colectivo trans acceda de forma efectiva rápida y gratuita a las necesidades específicas que presentan para tener igualdad en el acceso a una salud plena, son reivindicaciones que no admiten demora y que exigen de los poderes públicos una actuación decidida y eficaz.
Pero la crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad supone un fuerte condicionante en nuestros Sistemas Autonómicos de Salud ya fuertemente estresados por los recortes sufridos en los últimos años. Este momento histórico está dando lugar a fuertes deficiencias en la atención sanitaria de las personas con el VIH y, en general, en cualquier medio existente para atender la salud sexual de la población. Desde hace más de un año, diferentes situaciones como el cierre de centros monográficos de ITS, la dificultad de acceso a la atención primaria, la reorganización de personal en las unidades de infecciosas de los hospitales o el cierre de las ONG dedicadas a la salud sexual han puesto de manifiesto que para el sistema actual la salud sexual no es una prioridad. Estas situaciones limitan el acceso a la prevención y el diagnóstico del VIH y otras ITS, a la vez que merman la capacidad de atención sanitaria a las personas con el VIH. Además, el impacto del COVID-19 ha supuesto la paralización de la puesta en marcha o la dispensación de estrategias preventivas recientemente aprobadas como la Profilaxis Pre-exposición bajo el pretexto de la falta de personal disponible.
Esta situación es especialmente llamativa en Andalucía, donde además de tener grandes listas de espera en los hospitales para acceder a la PrEP, se está llevando a cabo una política opuesta a todas las directrices de ONUSIDA y la OMS en materia de salud sexual como es el cierre del centro de ITS de Sevilla.
Sin duda alguna, esto va a suponer un incremento en las ya inaceptables tasas de infecciones de transmisión sexual y de diagnóstico tardío de VIH cronificadas en nuestro país y especialmente en Andalucía.
Por último, la modificación en la concepción de la salud sexual, reivindicando además de la prevención de ITS; la promoción de hábitos sexuales saludables y satisfactorios, desligados de las concesiones cisheterocentristas y coitocentristas de las mismas.
Por eso no es de recibo la decisión de la Consejería de Salud y Familias de desmantelar los Centros Provinciales de ITS como el de Sevilla, donde se presta una atención integral y eficiente.
Las entidades convocantes exigimos la inmediata anulación de los planes de cierre de los Centros Provinciales de ITS y su potenciación mediante la contratación de más personal para los mismos.
Memoria LGTBI+.
La vivencia histórica de la homosexualidad, la bisexualidad y y las identidades trans ha sido muy compleja en nuestra cultura occidental. Desde las actitudes más permisivas durante el imperio romano hasta la puesta en marcha de “terapias” reparadoras que significaban la detención arbitraria, la tortura y la marginación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, pasando por la persecución, incautación y asesinato puesta en marcha por los Reyes Católicos, lo cierto es que las personas LGTBI+Q+ hemos tenido que soportar la discriminación, el hostigamiento y las vejaciones tanto físicas como psicológicas, las violaciones, la persecución social, etcétera.
Por ello, poner en valor la memoria LGTBI+ es poner en valor la vida de muchas personas que tuvieron que sobrevivir en un tiempo hostil y que nunca se vieron reconocidos en los libros de historia. Es necesario mantener viva la memoria LGTBI+ de la resistencia, y patrimonializar los espacios de libertad, como lo fue el Pasaje Begoña.
La falta de voluntad del gobierno de la Junta de Andalucía ha hecho que aún estemos a la espera de la puesta en marcha del Centro de Documentación LGTBI+ previsto en la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, que asegure la conservación del patrimonio documental y fomente la investigación sobre la persecución políticas a las personas homosexuales (gais y lesbianas), bisexuales y trans, mediante mecanismos que iban mucho más allá de las leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Nos referimos a la aplicación del artículo de escándalo público del Código Penal, la edad de consentimiento de relaciones entre dos personas del mismo sexo (de 13 años para las relaciones entre personas de distinto sexo y elevada 1944 a 23 años para las relaciones entre personas del mismo sexo) o la utilización de los Tribunales de Honor para expulsar a personas homosexuales de las administraciones públicas, el ejército y la policía.
Asimismo, el próximo gobierno de la Junta de Andalucía debe trabajar día a día para la formación de las personas jóvenes que, en definitiva, tomarán el testigo generacional, para seguir defendiendo los valores democráticos de libertad, igualdad y respeto a la diversidad.
Porque la memoria LGTBI+ nos recuerda que los derechos nunca son regalados, que son conquistas por las que es preciso luchar permanentemente.
Las personas intersexuales.
La realidad de las personas intersexuales, aunque poco conocidas, han sido realmente dramáticas. Han sufrido y siguen sufriendo el rechazo social por motivo de sus características sexuales que se encuentran fuera de la concepción binaria del sexo, lo que da como resultado los innumerables problemas que padecen en los ámbitos educativos, sanitarios, laborales y sociales.
Como ha puesto en relieve la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de febrero del 2019, son muy numerosos los testimonios de sufrimiento en las personas sometidas a técnicas quirúrgicas no solicitadas, que frustraron sus expectativas en edad adolescente o adulta.
El mayor problema que enfrentan las personas intersexuales son las mutilaciones y castraciones químicas que sufren, por poseer características sexuales que no entran dentro de los dos sexos binarios: masculino y femenino.
Las mutilaciones van desde la extirpación de gónadas que presentan tenido tanto femenino como masculino, las extirpaciones genitales externos, el aumento del diámetro del canal vagina, el suministro de hormonas, etc. Las justificaciones que usan los profesionales sanitarios para realizar esta serie de intervenciones son: “un clítoris más grande de la norma puede avergonzar a su futura pareja, hombre cisheterosexual”, “un pene que por pequeño no pueda penetrar, no es útil”, o “un canal vaginal no penetrable no va a ser fruto de deseo de su futura pareja, hombre cisheterosexual”.
La finalidad de las mutilaciones es hacer que la persona encaje, desde el nacimiento, en una de las dos categorías binarias: hombre o mujer. Mutilaciones que pueden producirse desde el momento del nacimiento de un bebé cuyos genitales externos no entren dentro de ese binarismo, en la infancia, la adolescencia o incluso en la adultez.
Mutilaciones que no terminan en un quirófano, sino que se extienden a que la persona requiera recibir más intervenciones en un futuro.
Algunas de las secuelas físicas son: perdidas de sensibilidad, pérdida de placer sexual y molestias en la zona genital y de la intervención Son algunos de los ejemplos que violan los derechos humanos de los menores, y la mayoría con efectos irreversibles y que constituyen un atentado contra los derechos humanos como señala Juan Méndez en el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de la ONU (2013).
Además, estas intervenciones clínicas, en edades infantiles y juveniles, provoca, en muchas de las personas intersexuales, reiteradas ausencias escolares que lastran su formación y al final, en menores oportunidades laborales y más dificultades debido a baja autoestima y otras consecuencias derivadas de esta situación.
Sorprende que el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y cuyo trámite parlamentario comenzó en 2020, no se incluyera ninguna cláusula de salvaguardia para niñxs y jóvenes intersex, de forma que está siendo durante su debate en el Parlamento de Andalucía donde se está estudiando su inclusión.
Por todo ello, las entidades convocantes de la manifestación del Orgullo LGTBI+ Andalucía:
En línea con lo manifestado por el Parlamento Europeo, rechazan firmemente los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas realizadas a personas intersex, y exigimos la prohibición legal de las intervenciones quirúrgicas, tal y como se recoge en países como Malta y Portugal, considerándolas crímenes de lesa humanidad.
Exigimos a los Grupos Parlamentarios Andaluces la inclusión de enmiendas al Proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía para prohibir las mutilaciones genitales intersex en bebés y menores así como servicios hospitalarios y protocolos clínicos específicos para ellos.
Solicitamos a la Junta de Andalucía que proporcionen asesoramiento y apoyos adecuados a los niños, adolescentes y adultos intersexuales, así como a sus padres, madres y/o tutores, y mejora de los protocolos de atención a personas intersexuales y familiares, con información clara y detallada de los procedimientos médicos-quirúrgicos, así como de los efectos secundarios de los tratamientos médicos específicos para personas intersex.
Demandamos que, en el ámbito de sus competencias, la Junta de Andalucía evite la patologización de intersexuales, como se consagra en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño.
Exigimos la implementación de programas específicos de apoyo a las personas intersexuales, incluida la formación de los funcionarios públicos (educadores, sanitarios y asistentes sociales entre otros)
Instamos a nuestros gobernantes a impulsar la investigación sobre y a incluir en las investigaciones biomédicas, códigos éticos que garanticen la inclusión de las necesidades reales y los objetivos de las personas intersexuales en dichas investigaciones.
Solicitamos canales de creación y mantenimiento de grupos de apoyo, a través de los que, las personas intersexuales y sus familiares, puedan crear redes de gestión psicosocial y nutrirse con el apoyo y las experiencias de las personas participantes.
Exigimos que las cuestiones que atañen a las personas intersexuales cuenten con la supervisión de dicha colectividad y no se acometan o diseñen protocolos o acciones en contra de necesidades reales.
Reivindicamos el derecho a la intimidad y la privacidad, evitando en todo memento una exposición gratuita e innecesaria de sus cuerpos y controlando que en las consultas e intervenciones tan sólo esté presente el personal estrictamente necesario.
Reclamamos, incidiendo en los menores particularmente, que no se realicen pruebas innecesarias e invasivas con cualquier fin que no sea por estricta necesidad y voluntariedad de las personas intersexuales.
Las personas trans.
Han pasado más de 40 años desde los primeros movimientos en Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla, todos ellos liderados por mujeres trans. Las mismas mujeres que quedaron después relegadas a un segundo plano por miedo a que dieran mala imagen a una lucha que perdió su rumbo, una lucha que se olvidó de las personas que le habían dado la vida.
Hoy el colectivo trans está aquí desde la empatía, desde la unidad, desde la comunión real con el resto de letras del colectivo; hoy podemos decir con orgullo que nos sentimos parte del arcoíris. Y estamos aquí, pese a todo, tras todos estos años, porque la esperanza es el sueño de los despiertos, porque es la única fuerza capaz de convencerte de que un futuro mejor es posible.
En estos últimos años, desde una mal entendida visibilización, se ha perpetuado la estigmatización de las personas trans convirtiendo nuestra realidad en un espectáculo, siempre desde la mirada de personas cis, porque, no importa cuántos años pasen, nuestra voz, nuestro discurso sigue sin ser creíble.Es más, en los últimos meses incluso asistimos impotentes y con incredulidad a la repetición en cascada del discurso de la calle, ese discurso de la ignorancia disfrazada de verdades absolutas e indiscutibles, que se obstinan en señalar a las personas trans como delincuentes o como personas perversas per se.
La realidad trans no se aborda si no es desde el dolor y la marginalidad o desde el lado más kitsch de la farándula. Este empeño en tutelarnos, este convertirnos en una realidad más “asumible” no hace más que perpetuar una historia de negación, un modelo de segregación, condenando al ostracismo a todas aquellas personas que no nos ajustamos a ese modelo tolerable para la sociedad cisnormativa. Nuestra realidad es muy distinta a ese modelo que nos venden las series y las películas, somos niñes, jóvenes, hombres, mujeres, personas no binarias… Somos la persona que se sienta a tu lado en clase, la que te cobra en la caja del supermercado, tu profe o ese celador que te lleva en la camilla del hospital… personas con las que te cruzas a diario, personas de tu entorno familiar, de tu entorno social, personas como tú que merecemos vivir con los mismos derechos de los que tú ya disfrutas.
Las personas trans luchamos por nuestro derecho a existir, luchamos por disfrutar de los mismos derechos que tiene cualquier otra persona, por el respeto de nuestra realidad y por ser tratadas con dignidad.El derecho a la propia identidad ya está recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos como un derecho básico del individuo. La negación sistemática de nuestras identidades, de quienes somos, nos anula y nos excluye de la vida social.
Ya en 14 de las 17 autonomías contamos con leyes que nos protegen de la discriminación y regulan nuestros derechos, pero estas leyes en muchos sentidos se quedan sobre el papel; en la práctica, seguimos sufriendo un trato patologizante, un trato desigual. En Andalucía, con una Ley que fue pionera en España, los protocolos de atención sanitaria o educativa acaban olvidados en un cajón y aún no se han desarrollado protocolos de atención a mayores trans, ni estudios de envejecimiento activo. En nuestro día a día, nos encontramos con profesionales médicos que, ante el miedo que les provoca el desconocimiento, se niegan a atendernos y, aún a día de hoy, para muchas personas trans, algo tan sencillo como acudir al médico por un problema de salud básico se convierte en una lucha titánica.
En un país que se considera socialmente avanzado, no hay cabida para profesionales que siguen aplicando modelos de atención médica que quedaron obsoletos hace años. Los gobiernos autonómicos tienen la obligación de formar a sus profesionales para proporcionar una atención de calidad a toda la ciudadanía.
Es por ello que:
Pedimos al próximo Gobierno Autonómico que asuma su obligación de garantizar que les mayores trans puedan recibir un trato digno, que asegure que podrán acudir al médico o solicitar los servicios de asistencia sin miedo a sufrir un trato vejatorio. Esto implica la elaboración de protocolos específicos de atención a personas mayores trans y la elaboración de estudios de envejecimiento activo en personas trans.
Exigimos que nadie dude de la identidad de género auto determinada, sea cual sea la edad de la persona, porque nadie tiene la potestad de poner en duda la declaración de otra persona que se enfrenta, en un acto de supervivencia, a toda una sociedad para reclamar ser escuchada. El que hacemos las personas trans es un acto personalísimo, esencial y vital; es una cuestión de respeto en la que no caben plazos cuyo único objeto es hacer más cómoda la vida de las personas cis del entorno de esa persona trans. La identidad no es un capricho.
Exigimos una mirada de la sociedad libre de prejuicios cishteronormativos que deje de clasificar a las personas según un aspecto, una forma de vestir o de expresar el género.
Exigimos la formación de profesionales del ámbito educativo, sanitario, social y asistencial para atender adecuadamente a las personas trans, respetando nuestra identidad y atendiendo a la diversidad corporal, sin tutelas ni cuestionamientos; un modeloque responda a un acompañamiento real de las necesidades de cada persona, liberándose de prejuicios y de actuaciones sistemáticas que sólo persiguen perpetuar el modelo biomédico.
Exigimos una atención adecuada y digna a la salud sexual y reproductiva de las personas trans sin distinción de género.
Pedimos que se garantice el acceso al mundo laboral de las personas trans, un colectivo que alcanza unas cifras de paro de más del 80%, mediante programas específicos de inserción y medidas de acción positiva.
Pedimos que en los centros educativos niñes y jóvenes trans encuentren su realidad reflejada con naturalidad en las diferentes asignaturas, en libros de texto, materiales, actividades complementarias, en definitiva, verse y ser vistos desde el respeto y sin que nadie tenga que ser objeto de etiquetas, burlas, abusos y odio en las aulas.
Exigimos que haya garantías de protección para que la identidad de les menores sea respetada en todos los entornos de su vida, incluido su propio entorno familiar y que ésta no sea utilizada como arma arrojadiza en conflictos entre las parejas donde siempre la más perjudicada es la persona menor. Que las Administraciones remuevan todo tipo de obstáculos para que las necesidades sociales y sanitarias de las personas menores trans no atendidas por su entorno familiar lo sean por las administraciones y su personal en cuanto sean detectadas.
Las personas LGTBI+ en el mundo laboral.
El sistema patriarcal, ha discriminado siempre basando su jerarquización en la división sexual como principio básico, en una dicotómica binaria de la realidad que concibe al hombre y lo “masculino” como la expresión de superioridad. Con todo ello nace un sentimiento de culpa de ocultación del ser más íntimo de cada persona. Para evitar chistes, burlas y ataques LGTBI+fóbicos que van desde la niñez hasta la madurez, provocando en nuestros jóvenes sentimientos de baja autoestima, depresión, suicidio, adicciones, aislamiento.
En el mundo laboral, el primer riesgo psicosocial al que se enfrenta una persona LGTBI+, empieza a la hora de elaborar su currículum, por ello la necesidad de generalizar el uso de currículos ciegos, eliminar esa vulneración de derechos, a la hora de acceder a un puesto u a otro.
Sin olvidar que hay muchas personas que renuncian a sus derechos a conciliar, a los permisos por matrimonio, simplemente por el miedo de desvelar su orientación sexual, pese a que desde el 2005, existe una ley que nos permite el matrimonio igualitario. Pero el segundo riesgo psicosocial en el mercado laboral llega el día en el que te preguntan, nos preguntan por nuestra vida privada o por nuestro ocio.
Por ello no podemos mirar hacia otro lado y debemos tener el foco en el mundo laboral, para que este no sea un infierno y causa de más estrés para las personas LGTBI+.
De esta manera la LGTBI+fobia debe ser considerada dentro de las evaluaciones de riesgos psicosociales y exigida dentro de la negociación en materia de salud laboral.
Debemos estar con todas las personas sean de donde sean, amen a quien amen, y se sientan como quieran. Son libres, somos libres.
Debemos estar en el ámbito rural, desmontando los armarios donde han querido encerrar a quien es libre. También en las ciudades, y no siempre con la población migrante. Y dar la voz, a la diversidad, a cada una de sus letras, lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersex… voces en primera persona que deben ocupar su espacio.
Es hora de exigir que dentro de los convenios se negocien cláusulas exclusivas que aborden el respeto igualitario. Y todo ello acompañado de la formación pertinente, para dar las herramientas a nuestras compañeras, compañeros, para que puedan mantener entornos laborales saludables y que respeten la diversidad sexual, familiar y afectiva.
Es hora de reclamar que se utilice el régimen sancionador recogido en nuestro código penal, es hora de reclamar que se hagan efectivas todas las leyes que nos protegen y nos hacen iguales, también aquellas que se hicieron y no salieron del cajón.
Y no podemos permitir ningún acto más de violencia, y mucho menos que acabe con la vida de una persona. En nuestro recuerdo tenemos al joven Samuel. Casi un año desde su fallecimiento, después de ser asestado por una brutal paliza que acabó con su vida, al grito de maricón. No lo podemos permitir, es hora de avanzar. Y luchar, también es hora de luchar, contra esa extrema derecha que, con su mensaje de odio, nos quiere enfrentar. No nos
callarán.
Asimismo, exigimos:
La implantación de protocolos de actuación sobre orientación sexual e identidad de género en los centros de trabajo.
Promover la igualdad y no discriminación en los procesos de selección, contratación, condiciones de trabajo, clasificación profesional, formación, promoción profesional y remuneración salarial.
En el marco del Diálogo Social, un compromiso de actuación e intervención, para el logro de políticas inclusivas y de no discriminación por razón de la diversidad efectivo-sexual, de género y corporal.
Las personas LGTBI+ en el mundo rural.
Los habitantes de entornos rurales normalmente no conocen a personas LGBT visibles y empoderadas, además existe una gran desinformación causada por una educación carente de valores inclusivos. Esto complica la existencia de personas del colectivo en estas poblaciones.
Si ya es complicado salir del armario en un espacio urbano con alta densidad de población, en sitios menos habitados es mucho arriesgado visibilizarse como alguien fuera de la heteronorma, puesto que en estos lugares suele haber un mayor estigma hacia todo aquello que no se conoce. Además, hacer esto puede traducirse en el rechazo de la gente que te rodea, incluídos tus propios amigos y familia.
Todo esto nos lleva a situaciones en las que el colectivo sufre bullying constante en las
escuelas, siendo atacados por compañeros con la única intención de herir física, mental o socialmente. Por eso es importante educar a los profesores para ser una figura de protección para los niñes y reconocer conductas de bullying para crear un espacio seguro y se sientan cómodos para hablar de cualquier tema.
En el mundo rural, pese a ser identificado como persona LGTB, se sigue tratando como persona heteronormativa porque la mayoría piensa que es una fase y que si lo dejan en un 2º plano, puedes olvidarte de ello en un tiempo.
¿A cuántos de nosotras y nosotros nos han llamado maricon o bollera antes de que lo supiéramos? Ante la falta de información y referentes, sientes rechazo ante ese tipo de situaciones, huyendo de esa parte desconocida de ti ya que los demás lo utilizan como un insulto para atacarte.
Tenemos que agradecer a las personas que abrieron el camino a la conquista de los derechos que a todos nos corresponden. Pero no sólo eso, es también nuestro deber recoger el testigo para seguir avanzando y no permitir que nadie atente contra quiénes somos. No vamos a dejar que nadie cuestione nuestra identidad o hacia quiénes nos sentimos atraídos. Venimos aquí a defender la libertad frente a la verdadera ideología de género que es la cisheteronormatividad.
Por todo ello, exigimos:
A las administraciones públicas, especialmente autonómicas y locales, que diseñen e implementen estrategias a favor del pleno desarrollo de las personas LGTBI+ en entornos rurales, así como el apoyo a las entidades y organizaciones que los representan.
A la administración educativa de la Junta de Andalucía una especial atención al alumnado LGTBI+ de las zonas rurales, a través de programas de formación e información del profesorado, y de lucha contra el bullying LGTBI+fóbico.
Las personas mayores LGTBI+.
En la actualidad, están llegando a la tercera edad las generaciones de hombres y mujeres homosexuales, bisexuales y trans más visibles de la historia de nuestro país.
En un número importante de casos, el rechazo de muchas familias hacia la homosexualidad y/o la transexualidad, suponía en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, el abandono temprano de las aulas, con la consiguiente baja formación, o la expulsión de sus hogares, lo que se traducía en la inevitable dedicación a trabajos marginales o directamente a la prostitución.
Estas personas además fueron víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes y de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, víctimas de la aplicación torticera del escándalo público del Código Penal y de la edad de consentimiento para relaciones entre dos personas del mismo sexo, que supuso un mazazo para sus vidas profesionales, ya que la detención e internamiento en prisión, la mayoría de las veces por la simple sospecha de homosexualidad, suponía la existencia de antecedentes penales y su expulsión del mercado laboral.
Todo ello ha supuesto que al llegar a la jubilación accedan a pensiones contributivas muy bajas o directamente a tener que acceder a pensiones no contributivas.
Pero incluso la mayoría de aquellas personas mayores homosexuales y trans que no llegaron a verse ni expulsadas de sus hogares ni fueron víctimas de las legislaciones con las que se les perseguía, detenía, juzgaban y condenaban, se encuentran en una situación muy delicada, ya que al tener que ingresar en centros de mayores (centros de día o en residencias de mayores) se ven forzadas a volver al armario, para no sufrir discriminación y rechazo por parte de las direcciones de los centros, personal y/o los usuarios de los mismos.
Por ello, hay que potenciar las redes de solidaridad entre mayores y jóvenes LGTBI+, y ahí las organizaciones tenemos una importante responsabilidad para facilitar su creación.
Pero, el Gobierno de la Junta de Andalucía, no ha implementado adecuadamente el artículo 21 de la Ley 8/2017, que prevé garantizarán tanto en los centros residenciales y los centros de día para personas mayores, tanto públicos como privados, así como los centros de participación activa, el derecho a la no discriminación de personas LGTBI+, ya sea tanto en su individualidad como en su relación sentimental.
Por eso exigimos al próximo Gobierno andaluz el desarrollo inmediato de la Ley andaluza en este aspecto.
Asimismo exigimos a los ayuntamientos andaluces la formación específica en diversidad del persona de ayuda a domicilio, para favorecer el trato correcto a las personas mayores LGTBI+.
Las personas LGTBI+ jóvenes.
Los avances de los últimos cuarenta años, ha permitido que cada vez más, las generaciones más jóvenes cuestionen los paradigmas sexuales, y tomen conciencia de su derecho a la autodeterminación de su género y orientación sexual.
Reconocer y reconocerse como personas no binarias, como homosexuales o bisexuales, o como trans, lleva a que a edades cada vez más tempranas la juventud exija que se respete en todos los ámbitos, incluidas familias, centros educativos y grupos de iguales, dicha realidad.
Por ello, exigimos que la Consejería de Educación desarrolle la Ley 8/2017 de forma que se asegure la libre autodeterminación del género y la orientación sexual de todo el alumnado andaluz y se actúe contra el bullying LGTBI+fóbico.
Asimismo, exigimos implementar medidas educativas que garanticen una formación del alumnado respetuosa con la diversidad sexual, de género y corporal, tal y como se contempla en la citada Ley 8/2017.
Se exige también la formación del equipo directivo, profesorado y EOES en materia de diversidad afectivo-sexual, de género y corporal; dado que son profesionales que intervienen directamente con la juventud. Estos profesionales deben estar preparados para atender al alumnado LGTBI+ en materia de prevención de acoso escolar, y fomentar una visión de las personas LGTBI+ desde una perspectiva despatologizante.
Cultura LGTBI+.
Es imprescindible cuando hablamos de los derechos de nuestra comunidad, hablar de cultura. Y no solo una cultura definida como un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un grupo o parte de la sociedad, sino cultura como forma de interpretar el mundo. Una manera de mostrar a la sociedad lo que sucede a su alrededor.
Y por supuesto es necesario esa cultura LGTBI+ para identificarnos y sentirnos parte de un grupo que muestra su realidad a su manera. Una realidad que ha sido construida a partir del lugar oprimido que siempre se nos ha asignado por una sociedad patriarcal y machista.
Gracias a la cultura podemos ser libres, crear y construir una realidad a través de unos rasgos específicos para poder mirarnos en ellos como en un espejo y reconocernos. Y muestra de todo ello, es la amplia riqueza cultural que hemos legado a la sociedad a lo largo de los siglos.
A veces con etiquetas, otras sin ellas, la cultura LGTBI+ ha sido y es la mejor manera de ser libres, de no tener límites, de ser quienes queramos ser. Desde Federico García Lorca, pasando por Virginia Woolf y llegando a cualquier artista digital en Youtube que reivindica nuestra diversidad.
Y es que la cultura LGTBI+ es tan amplia y diversa como cada una de las personas que la componen.
Escritoras, transformistas, pintoras, cantantes, escultores, poetisas, presentadores, autores… Todas, todos y todes son necesarios e imprescindibles para avanzar y conseguir un mundo más rico y más libre.
Por ello reclamamos más visibilidad LGTBI+ y referentes en la cultura en todas sus manifestaciones artísticas para la verdadera integración en la sociedad de nuestro colectivo.
LAS PERSONAS LGTBI+ FRENTE A LA ESPIRITUALIDAD
Reconocemos, en primer lugar, que el derecho a tener una vida espiritual es un derecho humano básico, que nadie puede ni debe arrebatarnos. Todo el mundo, independientemente de su orientación sexual, su identidad de género o su corporalidad, lugar de nacimiento o cultura tiene derecho a tener una vida espiritual y unas creencias, que deben ser respetadas como las de cualquiera.
Nadie debería sentirse en la obligación de tener que elegir entre su orientación, su identidad o su corporalidad y sus creencias religiosas; entre ser lgtb o ser buen cristiano, musulmán o judío.
Porque no se es mejor persona por ser heterosexual sino por amar a los demás. A todos los demás, sean LGTBI+, migrantes, piensen como algunas o algunos, o justo al contrario. Porque no olvidemos que estamos hechos de Amor, a semejanza de nuestro Padre que está en los cielos, que nos trajo aquí para amar y ser amados.
Porque nuestro amor, sea del tipo que sea, proviene del Padre, y negar nuestro amor es negarlo a Él.
Por todo eso pedimos, en primer lugar a la Iglesia Católica el cambio y actualización del catecismo, que todavía define la homosexualidad como de naturaleza intrínsecamente desordenada, cuando no existe ninguna evidencia científica, moral e incluso teológica que apoye dicha esa afirmación.
En segundo lugar, mostrar nuestro apoyo a todas las personas activistas LGTBI+ dentro del Islám que trabajan para que también la diversidad de la orientación, la identidad y la corporalidad se vea como un regalo del Todopoderoso, y no como algo que hay que corregir o extirpar.
Y por último, pedirnos a nosotras, nosotres y nosotros mismos, a todo el colectivo LGTBI+, a que salgamos de nuestros armarios también dentro de la Iglesia, que llenemos las iglesias, mezquitas, sinagogas y templos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales y personas queer, que nos mostremos tal y como somos realmente también en los espacios religiosos, en las cofradías, en las hermandades, en las parroquias.
Que recuperemos el espacio que siempre fue nuestro, porque siempre hubo, hay y habrá personas LGTBI+ creyentes en todas las religiones, que no tengamos miedo de mostrarnos a los demás tal y como nuestro creador nos hizo, perfectos.
Romper armarios, recuperar espacios, llenar templos e iglesias, y poder tener vidas espirituales llenas y completas, que aporten luz y paz a nuestro corazón, y también a los que nos rodean, rompiendo prejuicios y abriendo corazones, ese y no otro debe ser nuestro objetivo como personas LGTBI+ creyentes.
Turismo LGTBI+.
La pandemia sanitaria en la que las personas estamos inmersas actualmente, ha demostrado la globalización del mundo y la interconexión entre todo tipo de sociedades, dejando patente que lo que ocurre en una parte del mundo, tiene repercusión en otros países o ciudades.
Por ello necesitamos que las administraciones y gobiernos fomenten el turismo LGTBI+, como una oferta turística de calidad, para que cualquier turista se sienta libre de sentir y de ser el mismo o ella misma cuando visita cualquier punto de la Comunidad Autónoma, más allá de las zonas calificadas de LGTBI+friendly.
Necesitamos ampliar la oferta cultural y de ocio para hacer más atractiva Andalucía y que sirva como herramienta para que nuestra tierra sea una Comunidad más diversa si cabe. En definitiva, impulsar Andalucía para que sea un referente como punto de destino turístico LGTBI+.
